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Fecha 02.05.2019
Autor Sandra Weiss
México es un país dividido entre los derechos de los migrantes, los intereses económicos y la presión de Donald Trump, quien amenaza con cerrar la frontera.
El alojamiento de Altagracia Tamayo está lleno: la activista ha acogido a 141 refugiados procedentes de Centroamérica en un local alquilado de 30 habitaciones, en la ciudad norteña mexicana de Mexicali. A menudo, no le queda más remedio que decir que no a los recién llegados. Afortunadamente, su colega Santiago Reygoza arrendó recientemente un viejo teatro y lo reconvirtió en alojamiento para refugiados, donde ahora se hospedan, sobre todo, hombres jóvenes. El teatro en mal estado no es un lugar ideal, pero es mejor que dormir en el parque de esa desértica y calurosa ciudad. Los migrantes cuentan con 2.000 plazas en la ciudad fronteriza, pero como en la vecina Tijuana, poco a poco van escaseando desde que Estados Unidos deporta cada vez a más personas y declarara a México tercer país seguro.
Sin ayudas por parte del gobierno mexicano
Esto significa que los solicitantes de asilo tienen que esperar en México la respuesta de la administración estadounidense, y no en EStados Unidos. Permanecen así durante meses en México, a menudo sin documentos ni trabajo, ni plaza de estudio o formación. Son presa fácil para proxenetas, traficantes de drogas y de personas. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano anuló todas las ayudas para instituciones privadas, desde guarderías hasta centros de acogidas para refugiados.
Para Tamayo es todo un reto conseguir donaciones. La solidaridad de la población local disminuye, ya que se ha acostumbrado a ver a los inmigrantes mendigando por las calles, o por la presión de campañas xenófobas de grupos de ultraderecha. La mayoría de estos albergues no tienen entonces otra opción que pedirles a los migrantes que aporten su grano de arena para cubrir los gastos de electricidad, alquiler y agua. “En la frontera se está formando una bomba de tiempo”, advierte Tamayo.
Altagracia Tamayo cree que la situación en la ciudad fronteriza de Mexicali es insostenible.
Huir de Honduras, única opción
La frontera de Estados Unidos está a solo unos cientos de metros del albergue de Tamayo. Muchos se quedan allí, después de haber vivido una odisea. Ese es el caso de Hillary Velázquez (imagen del artículo), de 12 años de edad, quien abandonó Honduras con su madre y dos hermanos. El jefe de una banda de criminales de su ciudad natal, San Pedro Sula, había exigido a la madre de la niña que se la cediera. La madre se vio obligada a abandonar la ciudad y el país.
La familia Velázquez solicitó asilo en EE. UU. La primera vista oral será a finales de mayo en San Diego, EE. UU. Hillary está desesperada: “¿Cómo vamos a llegar allí sin dinero? ¿Por qué nos ponen tantos obstáculos? Creo que nos van a conceder el asilo cuando hayamos muerto”, dice. Lo peor de todo, no han sido las horas caminando bajo un sol implacable, las amenazas de la policía mexicana o las noches bajo las cubiertas de plástico. “Lo peor es tener que esperar tan cerca de la meta”, dice Hillary.
“Esta es una táctica disuasoria para que los solicitantes de asilo se den por vencidos”, dice Kelly Overton, de la organización estadounidense Border Kindness. La organización apoya especialmente a niños con alimentos y medicinas, y ayuda a las familias con los complicados asuntos burocráticos de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Estados Unidos está, según la Constitución, obligado a conceder asilo. Pero el presidente Donald Trump inventa casi a diario nuevas tretas para evitarlo. Por ejemplo, obligando a pagar por las solicitudes de asilo.
Migrantes en un centro de acogida en la frontera.
México, entre los migrantes y Donald Trump
México tiene mucho que perder si su presidente, Andrés Manuel López Obrador, respeta la convención de la ONU y los derechos de los migrantes, porque Trump amenaza con cerrar la frontera común, de la que depende el 80 % del comercio exterior. López Obrador, por su parte, intenta a través de su programa “Estás en tu casa” inducir a los migrantes a quedarse, sobre todo, en los estados del sur mexicano. Pero existe un problema: los migrantes quieren ir a Estados Unidos, donde se sienten atraídos por los altos salarios y, con frecuencia, tienen parientes.
Para apaciguar al presidente de Estados Unidos, México retiene a los migrantes en campos de refugiados donde les prometen visado y trabajo. Además, una estrecha red de controles de carreteras evita que viajen ilegalmente hacia el norte. México se ha convertido en un puesto fronterizo, un papel que ya asumió con el expresidente Enrique Peña Nieto.
A finales de abril, muchos refugiados quisieron abandonar las instalaciones de un gran centro de acogida, donde perdieron los nervios y la paciencia. Las imágenes fueron muy dramáticas: policías intentando arrebatar los cochecitos de niño a las madres para que no pudieran huir. Quien viaja sin visado, se arriesga a ser deportado y debe esconderse como un criminal. En enero y febrero de este año, 13.643 migrantes fueron deportados de México, más que de Estados Unidos.